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| escrito por John Lindsay-Poland | |
| Avanzan las bases militares estadounidenses en Colombia poniendo en peligro a toda la región Resumen Latinoamericano/Alba TV - Durante el segundo período de George W. Bush y el primer año de la presidencia de Barack Obama, el Departamento de Estado periódicamente divulgó una lista con las unidades militares de Colombia que fueron aprobadas para recibir la asistencia de Estados Unidos. Aunque no fue publicada por el mismo Departamento de Estado, la divulgación permitía un nivel mínimo de transparencia sobre cómo fueron empleados los fondos públicos en una guerra de no poca controversia. También facilitaba una supervisión mínima del cumplimiento de la Ley Leahy (nombrado así por el Senador Patrick Leahy), la cual prohíbe la asistencia de Estados Unidos a toda unidad militar extranjera sobre la cual existe una prueba fehaciente que sus miembros han cometido abusos graves a los derechos humanos. En enero de este año, el Sub-secretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, le respondió a varios firmantes de una carta que trataba la asistencia militar a Colombia, diciendo que la información sobre cuáles unidades militares colombianas han sido aprobadas para la asistencia de EE.UU es ahora clasificada como reservada para “proteger la seguridad operacional” de los militares colombianos. No ofreció ninguna evidencia que el divulgar cuáles unidades reciben asistencia de Estados Unidos (y cuáles han sido suspendidas de asistencia por preocupaciones sobre derechos humanos) representa riesgo alguno a la seguridad operacional. De hecho, informes publicados por el Movimiento de Reconciliación (Fellowship of Reconciliation) junto con Amnistía Internacional y la Oficina sobre Colombia en EE.UU, que estudiaron la trayectoria en cuestiones de derechos humanos de las unidades militares apoyadas por Estados Unidos y encontraron amplio incumplimiento con la Ley Leahy, no generaron inseguridad operacional alguna. Pero estos informes sí provocaron serias discusiones en el Congreso Norteamericano sobre la asistencia militar en Colombia. El mes después de que Valenzuela envió su carta, el Ministro de Defensa Rodrigo Rivera hizo su propia revelación sobre cuáles brigadas militares colombianas recibieron asistencia de Estados Unidos en los dos años anteriores. El Ejército de Colombia al parecer no percibía problema alguno para la seguridad operacional en tal divulgación, así que uno tiene que preguntarse ¿Por qué el Sr Valenzuela ve una amenaza en esa medida de transparencia? La lista del Ministro de Defensa Rivera de las brigadas apoyadas por EE.UU provoca más preguntas, porque incluye unidades del Ejército a las que se les había suspendido de la asistencia militar, según los documentos y declaraciones del Departamento de Estado. Por ejemplo, los Estados Unidos cortó su apoyo en 2008 a la Brigada XI, que opera en Córdoba y Sucre, después de que un número creciente de “falsos positivos” fueron atribuidos a efectivos de la brigada, y un comandante de un batallón de la brigada fue capturado e implicado en colaboración con los Paisas. La Brigada XI y sus sub-unidades no aparecen en la lista del Departamento de Estado de las unidades aprobadas para asistencia en 2008-09 o 2009-10. Pero el Ministro Rivera declara que los Estados Unidos las han apoyado durante los últimos dos años. De igual manera, el Departamento de Estado reconoce que apoyaba la Brigada XII del Ejército que opera en el Departamento de Caquetá hasta 2006. Pero sus documentos muestran una suspensión de asistencia desde 2007, después de que miembros de la brigada fueron implicados en el asesinato de 14 civiles en los dos años anteriores. Sin embargo, según Colombia, los Estados Unidos han vuelto a apoyar la Brigada XII durante los últimos dos años. La divulgación del Ministro Rivera es parte de las respuestas a las preguntas formuladas por el Senador de la oposición Jorge Robledo, quien está buscando información más precisa sobre la presencia militar de Estados Unidos en Colombia. Robledo es co-autor de un libro recientemente publicado sobre el controversial acuerdo para el uso de por lo menos siete bases militares en Colombia por parte de Estados Unidos, declarado inexistente por decisión de la Corte Constitucional, al no cumplir con el debate ante el Congreso. Sin embargo, Rivera revela que los Estados Unidos hacen uso extensivo de bases militares en Colombia de todas maneras. De hecho, personal de Estados Unidos ha operado en 24 sitios diferentes – desde Riohacha hasta Buenaventura, de Palmira a Valledupar, desde Medellín hasta San Andrés – durante los últimos dos años, como parte de acuerdos entre los dos países que no fueron sometidos para consideración ni ante el Congreso ni las cortes colombianas.[1] Son oscuros acuerdos de implementación, escondidos en anexos de documentos no publicados, los cuales el Senador Robledo sigue intentando hacer públicos. Aparte de la constitucionalidad de estos acuerdos, la presencia de uniformados y contratistas militares de Estados Unidos en dos docenas de sitios a lo largo del país demuestra que el núcleo del tratado controversial de las bases continua en la práctica. Ese tratado fue una fórmula para institucionalizar los acuerdos existentes, y para asegurar que el Congreso de Estados Unidos siguiera financiándolos, a pesar de las serias dudas sobre la alianza estratégica con una fuerza militar acusada de miles de asesinatos de civiles y gozando de una impunidad casi total. Qué la “seguridad operacional” de los civiles colombianos adoloridos por los falsos positivos se vaya al infierno. La ironía es que, mientras las leyes de Estados Unidos le permiten a Washington juzgar a la fuerza pública de otras naciones por sus crímenes contra los derechos humanos – por lo menos para suspender la asistencia letal o de otro tipo – la administración de Obama se vuelve menos transparente sobre dicha asistencia. En una audiencia ante la Cámara de Representantes en marzo, el Almirante James Winnifeld, jefe del mando regional de Estados Unidos que opera en México, se negó a dar detalles sobre la asistencia de EE.UU a los militares mexicanos, actualmente inmersos una guerra desastrosa. Dijo que dejaría esa divulgación a México. [2] El Departamento de Estado prefiere no debatir las cuestiones éticas, la legalidad, o la sabiduría de proveer armas a una fuerza pública en impunidad, o de extender su presencia militar en Colombia sin aprobación legislativa ni revisión jurídica. En cambio, clasifica la información como reservada y deja a gobiernos como el colombiano la tarea de la rendición de cuentas, por lo menos hasta que el próximo funcionario dentro del sistema que tenga conciencia – o sencillamente esté harto – decida filtrar la verdad al público. John Lindsay-Poland es director para investigación e incidencia para el Fellowship of Reconciliation en Estados Unidos. [1] Los otros sitios son: Apiay, Bogotá, Tolemaida, Cali, Cartagena, Tres Esquinas, Marandúa, Macarena, Facatativá, Armenia, Coveñas, Santa Marta, Barranquilla, Ibagué, Corozal, Palanquero, Espinal, Bahía Málaga, y Puerto Salgar. |
