*Organizaciones de Derechos Humanos, Laborales y Religiosos Convocan a la
Administración Obama y al Congreso de E.U. a Defender los Derechos Humanos,
a Suspender la Ayuda Militar, y a Concentrar Recursos en Programas
Necesarios en Estados Unidos*
A pesar de casi 30,000 homicidios relacionados con el narcotráfico, un
enorme incremento en violaciones de derechos humanos por las fuerzas
armadas, y la creciente oposición ciudadana a la sangrienta “guerra contra
las drogas”, el Congreso de los Estados Unidos está considerando nuevamente
la asignación de fondos públicos estadounidenses a México para respaldar la
fracasada política antinarcóticos. Pronto el Congreso de E.U. decidirá si
continúa la política que ha llevado a México al borde del desastre y
desperdiciado hasta la fecha casi $1,500 millones de dólares de los
contribuyentes estadounidenses.
El presupuesto que propone el Presidente Barack Obama para el Ejercicio
Fiscal 2011 incluye $410 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, un
paquete de asistencia para la seguridad de México, Centroamérica y el
Caribe. De ese total, $310 millones se destinan a México. La decisión del
actual gobierno de E.U. de ampliar indefinidamente la Iniciativa Mérida de
George W. Bush, prevista sólo para tres años, es un peligroso error a la luz
de la violencia e ineficacia de la estrategia y ha provocado cada vez más
llamados a un nuevo enfoque de parte de grupos ciudadanos a ambos lados de
la frontera.
La ayuda de E.U. a México en el marco de la Iniciativa Mérida, que asciende
a más de $1,300 millones de dólares, no incluye las salvaguardas necesarias
para asegurar que no facilite violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Sólo el quince por ciento de los fondos puede ser retenido pendiente un
informe del Departamento de Estado sobre los progresos de México en
satisfacer algunas condiciones de derechos humanos. Lo que es más, la
Iniciativa Mérida (también llamada “Plan México”) no contiene criterios que
permitan una valoración efectiva de la misma.
La Iniciativa Mérida respalda una estrategia que ha provocado un vastísimo
derramamiento de sangre en México, y ha sido un fracaso en sus objetivos de
reducir los flujos de drogas ilícitas, lograr seguridad pública o debilitar
a los cárteles de manera significativa. Con 45,000 soldados en las calles
como el rasgo central de su estrategia de militarización, las fuerzas
armadas han estado implicadas en asesinatos, violaciones y abusos de
derechos humanos, casi ninguno de los cuales ha sido llevado a juicio.
Nos preocupa que el Departamento de Estado haya hecho caso omiso de los
abusos contra derechos humanos surgidos del programa de asistencia
Iniciativa Mérida, así como de la impunidad y corrupción ininterrumpidas en
México, en favor de un enfoque militarizado de la “guerra antidrogas”que ha
incrementado estos abusos de manera comprobable. Las llamadas “condiciones
de derechos humanos” de la Iniciativa Mérida no ofrecen ninguna garantía de
progreso en absoluto, y constituyen sólo una fingida consideración a graves
preocupaciones mientras favorece el apoyo a la estrategia general. No
existen indicios de ninguna reducción sostenida de la oferta disponible de
drogas ilegales en el mercado estadounidense que justifique el elevado
índice de violencia que esta estrategia ha provocado.
De manera particular, queremos llamar la atención al caso del asesinato del
ciudadano estadounidense Bradley Roland Will como paradigma de la falta de
cooperación y de la impunidad con la que las fuerzas de seguridad, el
gobierno y el sistema judicial en México han tratado violaciones de derechos
humanos por el Estado. Brad Will, periodista independiente, fue muerto a
tiros en Oaxaca el 27 de octubre de 2006 mientras documentaba una serie de
manifestaciones de protesta. Will fue una de 26 personas de las que se
informa fueron asesinadas por fuerzas gubernamentales y matones alquilados
durante las protestas en el estado de Oaxaca contra la corrupción y la
impunidad. El estado no ha llevado a juicio con éxito ni uno solo de estos
asesinatos. Desde que se lanzó la guerra antidrogas a finales de 2006,
México se ha puesto a la cabeza en el mundo en asesinatos de periodistas.
La ayuda de la Iniciativa Mérida fue emitida en unión de un llamado por el
del Departamento de Estado de E.U. a que se realizara una investigación
minuciosa, creíble y transparente de la muerte de Will. La evidencia
identifica a la policía y a funcionarios locales como asesinos en el caso
Will. Sin embargo la Procuraduría General de la República encarceló
equivocadamente a un manifestante por su homicidio. Después de que Amnistía
Internacional, Médicos por Los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos mexicana y la familia Will controvirtieron las aserciones
del Procurador General, el manifestante fue liberado por falta de pruebas y
nadie ha sido llevado a juicio por su asesinato ni por el de otros 25
oaxaqueños muertos en 2006. El Departamento de Estado de E.U. guardó
silencio ante las falsas acusaciones y desde entonces no ha hecho nada para
asegurar que el o los asesinos verdaderos de Will sean llevados ante la
justicia.
Existe documentación de los asesinatos, torturas, golpizas y violencia de
género perpetrados por las fuerzas de seguridad, que incluyen los casos de
Atenco, Ciudad Juárez y represión de sindicatos. El suministro por Estados
Unidos de asistencia y capacitación letales a estas mismas fuerzas de
seguridad viola nuestros principios como nación, empaña nuestro prestigio, e
implican al gobierno estadounidense en abusos contra derechos humanos graves
y extendidos. Seguramente la administración Obama es consciente del hecho de
que la pretendida finalidad de la Iniciativa Mérida de ayudar a establecer
buen gobierno en México no puede alcanzarse en un clima de impunidad ante
violaciones de derechos humanos y una guerra antidrogas desestabilizadora.
El gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de asegurar que los
recursos públicos no se utilicen para violar derechos humanos. En lugar de
proveer capacitación y fondos a las instituciones militares, policiales y
civiles que han permitido y facilitado la impunidad en el caso Brad Will y
otros casos de abusos contra mexicanos, el gobierno de E.U. debiera
concentrar su atención en atacar las causas y las estructuras del crimen
organizado dentro de Estados Unidos: la drogadicción y la demanda de drogas
ilícitas, el lavado de dinero a través de instituciones internacionales
financieras, la corrupción transfronteriza y el tráfico de armas; y ayudar a
México en la eliminación de las causas fundamentales de la expansión de la
delincuencia tales como la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la falta
de oportunidades para los jóvenes.
RECOMENDACIONES:
· De inmediato, revisar y reorientar la fracasada estrategia de la
“guerra antidrogas” para México.
· Suspender la asistencia militar y de seguridad mientras no se
revisen públicamente y de manera urgente las estrategias actuales y
alternas, y mientras no se resuelva el caso Brad Will y otros casos de
derechos humanos.
· Establecer objetivos claros y etapas bien definidas para que pueda
medirse el éxito (o fracaso) de los programas antinarcóticos financiados por
los contribuyentes de Estados Unidos.
· Dar prioridad al financiamiento de estrategias alternativas contra
el tráfico de drogas ilícitas y el crimen organizado trasnacional,
incluyendo tratamiento contra adicciones, reducción de daños y programas
comunitarios de prevención del abuso de drogas, así como la legalización
selectiva a fin de reducir el enriquecimiento ilícito de las cárteles de la
droga, los bancos y los políticos corruptos.
· Intensificar los operativos contra crímenes financieros con el fin
de identificar y llevar a juicio a quienes desde los negocios y las
estructuras financieras facilitan el manejo y lavado de dinero a la
industria del narcotráfico.
· Denunciar públicamente la continua impunidad ante acusaciones de
asesinatos, torturas, estupros y golpizas en los casos de Oaxaca, Atenco,
Ciudad Juárez, entre otros, así como las muertes de civiles a manos de las
fuerzas armadas así como el uso del ejército para reprimir violentamente los
derechos laborales.
CIP Americas Program
Global Exchange
Friends of Brad Will
School of the Americas Watch
Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"
Witness for Peace
Kathy and Hardy Will
General José Francisco Gallardo, “Defensoría de Derechos Humanos General
Gallardo,” por la Dignidad Ciudadana y del Soldado A.C.
Tom Hayden and The Peace and Justice Resource Center
Reporters Without Borders (RSF)
Guatemala Human Rights Commission
Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México
