sábado 29 de noviembre de 2008

Denuncia Pública-COLOMBIA

Apreciados (as) compañeros (as), atento saludo.
les enviamos un comunicado de denuncia sobre los efectos concretos de la inconsulta militarización de nuestro Resguardo Indígena.
Les rogamos reenviarlo a todas las listas de sus contactos (personas, organizaciones, movimientos populares, obreros, sociales, comunitarios, ambientales, progresistas) para su conocimiento.

CAMAEMKA
Cabildos Mayores Emberá Katíos del Alto Sinú
Tierralta-Córdoba-Colombia
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CABILDOS MAYORES DEL RÍO SINÚ Y RÍO VERDE
RESGUARDO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ
Los Cabildos Mayores del Río Sinú y Río Verde denunciamos ante la Opinión Pública:
En el día de ayer, jueves 27 de noviembre de 2008, siendo aproximadamente las doce de la noche, en el sector de Wima (Río Sinú), una patrulla del Ejército1, irrumpió en el tambo [casa] del compañero indígena Rey Primitivo Domicó, solicitándole les entregara naranjas y cocos, además de una rula (machete) para abrirlos. De un momento a otro mientras la tropa estaba instalada sin permiso dentro del tambo, guarecida en su parte inferior, desde la margen derecha del río se abrió fuego, desatándose una verdadera luvia de balas, una de las cuales hirió a la hija adolescente del compañero. La gravedad de la herida obligó al traslado a pesar de lo avanzado de la hora de la muchacha hasta el hospital San José de Tierralta donde permanece aún mientras se le extrae el proyectil y se le presta la atención médica necesaria. Minutos después la patrulla abrió también fuego en contra de sus atacantes sometiendo a la más terrible pesadilla al compañero y su familia quienes temían por su integridad física y su vida, al verse en medio del fuego cruzado.
Este hecho evidencia la falta de voluntad del Ejército en la observancia de las normas del Derecho Internacional Humanitario y de los compromisos asumidos en el marco de las reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento a las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de nuestro Pueblo Emberá Katío del Alto Sinú, de no inmiscuir a la población indígena en los combates, de no pernoctar cerca de los tambos ni de solicitar víveres a los moradores indígenas. Acciones que de manera irresponsable y claramente ilegal ponen en serio riesgo la integridad personal y la vida especialmente de mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores quienes deben soportar los embates de las escaramuzas militares, sufriendo graves daños físicos, sicológicos y económicos, pues el traslado desde las comunidades vía fluvial hasta el casco urbano de Tierralta para recibir atención médica, la compra de medicinas y el tiempo de recuperación generan gastos onerosos.
Nos preocupa la falta de presencia de los organismos encargados de la protección de los Derechos Humanos como la Defensoría del Pueblo quien después de casi un semestre no ha procedido a nombrar el nuevo defensor comunitario para el Alto Sinú a pesar de compromisos suscritos de vieja data y refrendados hace muy poco en una reunión de alto nivel en Washington durante una sesión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Marzo de este año. De ningún modo la interinidad o no del actual Defensor del Pueblo Nacional o las restricciones de carácter presupuestal de la Institución pueden argumentarse como razones válidas para dilatar la contratación y presencia efectiva en zona de nuestro Resguardo Indígena de este funcionario de la Defensoría del Pueblo, como sí la protección de los Derechos Humanos fuera un asunto meramente económico. Del mismo modo nos llama poderosamente la atención que las reiteradas denuncias puestas en conocimiento del pleno de la Comisión Mixta no motiven el accionar de la Procuraduría General de la Nación a través de sus delegados y que los procesos disciplinarios iniciados no hayan arrojado aún las sanciones requeridas en contra de los comandantes de las unidades militares que hacen presencia en zona de nuestro Resguardo y de sus superiores quienes deberían explicar los motivos por los cuales este tipo de procedimientos se repiten sistemáticamente sin que se tomen los correctivos necesarios y no se sancione ejemplarmente a los responsables directos e indirectos.
Si bien este tipo de hechos no mojan las páginas de los periódicos u ocupan los segmentos de los informativos televisivos como el fenómeno de “las pirámides” deben ser conocidos por la opinión pública nacional e internacional pues revisten una seria gravedad no solo para nuestro Pueblo sino para el conjunto de población indígena, campesina, afrodescendiente y urbana más deprimida, dado que son indicativas de los continuos excesos de la Fuerza Pública que en su afán de mostrar “positivos” pisotean los más elementales principios del DIH y vulneran las garantías constitucionales.
Llamamos a todos los sectores sociales, populares, comunitarios, al conjunto de organizaciones de trabajadores, estudiantes, intelectuales, ambientalistas y en fin a todos los movimientos y fuerzas progresistas a repudiar este tipo de hechos pues ponen con incontrovertible claridad los verdaderos alcances de la militarización de campos y ciudades, del mismo modo que desnudan los verdaderos objetivos de la política de “seguridad democrática”: represión y control social a vastos sectores del Pueblo.
Acaso los continuos abusos de la Fuerza Pública no son uno de los motivos determinantes para que el gobierno colombiano a través de sus representantes se abstuviera de votar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, pues ésta contundentemente señala en su artículo 30:
1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una amenaza importante para el interés público pertinente o que se hayan acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.
Finalmente instamos a la Comisión Mixta y a los organismos del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos a tomar cartas en el asunto dirigiéndose de una vez por todas al Ministro de Defensa para que se realicen las investigaciones disciplinarias y penales y éste se pronuncié de fondo acerca de si la reiteración de dichas conductas aquí y en otras regiones del país es acaso un componente de la “seguridad democrática” pues la repetición de este tipo de hechos pareciera evidenciar un componente de una política pública de escudarse en la población civil para repeler los ataques e inmiscuir a los civiles en los combates.
Tierralta (Córdoba), 28 de noviembre de 2008
1 Hablamos genéricamente del Ejército dado que los efectivos militares se cubren sus nombres e insignias para evitar ser identificados. Además que en zona de nuestro Resguardo Indígena hacen presencia 3 batallones militares: Junín, Voltígeros y Rifle.